La suspensión cautelar por parte de la Audiencia Nacional de la “Guía para la Indicación, Uso y Autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas”, a raíz del recurso interpuesto por la Organización Médica Colegial (OMC), demuestra que los médicos no quieren que los profesionales de Enfermería desarrollen nuevos campos competenciales.
Por mucho que se empeñe el presidente de la OMC, Tomás Cobo, en decir que la de Enfermería es una profesión “imprescindible” y que defienda “la colaboración entre profesionales”, lo cierto es que esas palabras no encajan en la manera de proceder de la entidad que preside, pues son totalmente contradictorias con las cortapisas que se empeñan en poner a nuestro trabajo.
El recurso interpuesto por la OMC demuestra, una vez más, que los representantes del colectivo médico se empeñan en paralizar en los tribunales medidas que recoge la legislación vigente y que funcionan con normalidad en algunos de los países más avanzados del mundo. El resultado es un sistema sanitario con más esperas, con más ineficacia y donde los perjudicados son los pacientes. Todo bajo un prisma de defensa de intereses puramente corporativistas.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, afirma que “esta suspensión cautelar supone un paso atrás en la mejora de la atención sanitaria y en la optimización de los recursos del sistema”. En este sentido, subraya que la actuación enfermera permitiría dar una respuesta rápida, segura y eficaz ante problemas de salud bien definidos.
Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se recuerda que la guía suspendida forma parte de un conjunto de documentos elaborados por el Ministerio de Sanidad con la participación de expertos multidisciplinares, entre los que se encuentran médicos, farmacéuticos y enfermeras. Unas guías que establecen un marco claro de actuación y aportan seguridad jurídica a los profesionales de Enfermería en el ejercicio de sus competencias.
El Colegio de Enfermería de Alicante suscribe el argumento del Consejo General de Enfermería en el sentido de que la OMC se empeña en recalcar que son sus años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años de especialización lo que les faculta para prescribir. No ven problema en que odontólogos y podólogos también figuren como prescriptores en la citada ley sanitaria a pesar de que su formación no es la de los médicos y, sin ir más lejos, cuentan con menos créditos en materia de Farmacología en el Grado que una enfermera. Sin embargo, la obcecación de los médicos se focaliza únicamente en la profesión de Enfermería.
Esta guía es la base que establece el marco de referencia de los profesionales de Enfermería para la realización de actuaciones relacionadas con la medicación durante el seguimiento colaborativo en determinados tratamientos individualizados en personas con infección urinaria mediante el uso de protocolos de actuación o guías asistenciales consensuados de manera multidisciplinar.
El objetivo terapéutico -y es algo en lo que deberían estar de acuerdo los representantes médicos- es resolver esta situación clínica de modo precoz y a prevenir futuras complicaciones. La actuación de los profesionales de Enfermería permite responder de modo ágil y efectivo para resolver este problema de salud, al mismo tiempo que se intensifica la educación sanitaria. La prescripción enfermera, dentro de sus competencias, optimiza los circuitos asistenciales y mejora la continuidad de los cuidados, la prevención y el seguimiento terapéutico.
No obstante, ante los riesgos de judicializar y paralizar los avances en materia sanitaria y nuevas actuaciones que perjudiquen a los pacientes y al sistema sanitario, queda más claro que nunca que la solución pasa por aprobar la reforma de la conocida como Ley del Medicamento que sitúa, de una vez por todas, a las enfermeras como profesionales con plena capacidad prescriptora en el ámbito de sus competencias, al mismo nivel de otras profesiones sanitarias.
Por todo ello, nos sumamos a la Organización Colegial de Enfermería de España, encabezada y representa por el Consejo General de Enfermería (CGE), y cuestionamos la suspensión cautelar de la guía de indicación de medicamentos para las infecciones urinarias leves acordada por la Audiencia Nacional. Un organismo judicial que no entra en el fondo de una cuestión que genera un perjuicio directo tanto para las pacientes como para el funcionamiento del sistema sanitario.
