La semana pasada asistimos a una intensa polémica provocada por la celebración de la “Jornada #FarmaciayVacunas: Farmacia Comunitaria y Vacunación Antigripal”, organizada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, con la colaboración del laboratorio Sanofi Pasteur, principal empresa fabricante de vacunas en España.
Una jornada que provocó el rechazo de la profesión enfermera, abanderado por la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, debido a que se entendía que con ella se buscaba favorecer y cambiar voluntades en la Administración Pública para que se modifiquen las regulaciones necesarias para que las farmacias, que son un negocio privado, puedan vacunar a la población cobrando por ello, a pesar de que es una intervención que están haciendo las enfermeras y enfermeros en la Sanidad Pública desde hace décadas, con plenas garantías para sus pacientes y de forma gratuita.
Ante las protestas de la profesión enfermera por este hecho, el Ministerio de Sanidad, a través de su directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, ha tenido que aclarar sus planes al respecto indicando que “como país tenemos un modelo de atención basado en la Atención Primaria. Tenemos más de 13.000 centros de salud en toda España, lo que significa un nivel de accesibilidad que no todos los países tienen”.
Unas declaraciones realizadas en el marco de la citada jornada a las que añadió que se trata de “un modelo potente, basado en la multidisciplinariedad, en el que cada profesional sanitario tiene un papel”, que hoy por hoy no es necesario modificar.
A este respecto, en declaraciones a la Organización Colegial de Enfermería, destacó “el extraordinario papel que desarrollan las enfermeras en materia de vacunación que permiten a los pacientes acceder a las vacunas”.
José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, del cual forma parte el Colegio de Enfermería de Alicante, manifestó sobre esta jornada que se habían basado en “un planteamiento que en nada compartimos porque se ha hablado de aquellas experiencias en algunos países donde se está practicando la vacunación en las propias farmacias. En España no puede ser así, esta competencia es exclusiva de las enfermeras y debemos recordar que tenemos una red de centros de Atención Primaria donde toda la población puede ir a vacunarse”,
Durante una de las mesas redondas se expusieron casos concretos que se están llevando a cabo en España y en otros países de Europa. Estas experiencias, además de invadir competencias y poner en riesgo la salud de las personas, trasladan al ámbito privado -con el coste que ello conlleva- un acto que hoy se realiza gratuitamente en la sanidad pública. Junto al ejemplo francés, también se habló de iniciativas de este tipo en Irlanda, donde vacunan los propios farmacéuticos, y en Portugal, donde contratan enfermeras para hacerlo. En todos estos casos, la vacunación conlleva un coste directo para el paciente. “Es legítimo y respetamos el propósito que tiene un establecimiento privado como es una farmacia, aunque tenga una función pública para dar consejos sobre salud, pero en ningún caso para hacer asistencia sanitaria y creemos que cualquier actividad o promoción de la farmacia ahora mismo estaría fuera de nuestra legislación”, ha puntualizado Cobos.
Algo que, para los representantes de la profesión enfermera, supone un “absoluto disparate” y su consecución supondría un riesgo para la salud de población y la seguridad de los pacientes porque los farmacéuticos no tienen las competencias profesionales para la prescripción y/o administración de cualquier tipo de inyectable, entre ellos las vacunas, ni para prestar ningún otro tipo de asistencia sanitaria.
Asimismo, los farmacéuticos no tienen preparación alguna ni los medios técnicos necesarios para actuar si el paciente sufre una reacción adversa o complicación como consecuencia de la vacunación y, por tanto, podría producirse una situación de gravedad que podría tener consecuencias perjudiciales para el paciente. Además, se añade la circunstancia de que, en un establecimiento comercial, como es el caso de las oficinas de farmacia, no se dan las condiciones sanitarias y de seguridad para la vacunación, apuntan desde la Mesa de la Profesión.
Los representantes de la profesión enfermera manifestaron que la jornada estuvo organizada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, con la colaboración inestimable de la compañía farmacéutica Sanofi Pasteur, uno de los principales fabricantes de vacunas en España, y por tanto, una empresa con claros intereses en la apertura de nuevos mercados que disparen aún más sus resultados económicos. Sin embargo, debe existir siempre un límite ético y deontológico en el lógico interés comercial de cualquier empresa, y ese límite es la seguridad de los pacientes. Por este motivo, la Mesa de la Profesión Enfermera ha anunciado su intención de denunciar a esta empresa ante la comisión de deontología de Farmaindustria y ante las autoridades sanitarias nacionales y europeas.
Irresponsabilidad política
Desde la Mesa de la Profesión Enfermera se ha considerado una irresponsabilidad política la presencia en este tipo de jornadas de la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, al tener “claros intereses economicistas que atentan contra la sanidad pública”. Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera va a dirigir una queja oficial al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando la presencia oficial de un miembro de un Gobierno progresista en una jornada que busca la privatización de la sanidad pública y hacer negocio a costa de la prevención y salud de los ciudadanos.
La Mesa de la Profesión Enfermera recuerda que solamente las enfermeras y enfermeros y médicos, desde la independencia y sin intereses económicos de ningún tipo, ejercen y garantizan una atención sanitaria pública de calidad, tanto en el centro de salud como en los domicilios, y una asistencia totalmente adecuada a las necesidades de cada momento vital de las personas. Por su parte, los farmacéuticos están especializados en medicamentos, pero no en asistencia sanitaria y, por ello, la ley no les faculta en este tipo de intervenciones asistenciales (incluyendo la vacunación o cualquier otro tipo de inyectable), ya que supondría un riesgo para la salud de los ciudadanos.
Finalmente, la Mesa Enfermera denuncia igualmente la utilización de término “farmacia comunitaria” por inducir a la confusión a la sociedad al pretender con ello equipararse a los médicos y enfermeros de la especialidad Familiar y Comunitaria. En este sentido hay que recalcar que los médicos y enfermeros de Familiar y Comunitaria están regulados por la legislación desde hace décadas y han tenido que superar una prueba estatal MIR y EIR equiparable a una oposición estatal para acceder a la especialidad. Sin embargo, en el caso de los farmacéuticos, “la farmacia comunitaria” no existe ni está reconocida como especialidad y, por tanto, no está regulada por ninguna norma, decreto o ley.
