El Colegio de Enfermería de Alicante expresa su apoyo a que las enfermeras y enfermeros asuman mayores competencias en el ámbito de la Atención Primaria, incluida la implantación de la Guía de Intervención Enfermera en Procesos Agudos, siempre y cuando este avance se lleve a cabo con plenas garantías jurídicas y el adecuado reconocimiento profesional.
Desde la entidad colegial se subraya que esta evolución competencial no debe interpretarse como una invasión de funciones de otros profesionales sanitarios, sino como una oportunidad para desarrollar plenamente las capacidades y competencias propias de la Enfermería, en beneficio de la atención a la ciudadanía. No obstante, cualquier ampliación de funciones debe estar claramente definida, regulada y respaldada por instrumentos normativos que otorguen seguridad tanto a los profesionales como a los pacientes.
En este sentido, la entidad colegial insiste en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de las enfermeras y enfermeros mediante la actualización del marco normativo que regula la profesión. Resulta especialmente preocupante que continúe vigente el Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo de 1973, una norma claramente obsoleta que, pese al profundo desarrollo académico, científico y competencial experimentado por la Enfermería en las últimas décadas, sigue sin reconocer su autonomía profesional.
Se trata de una disposición que mantiene una concepción subordinada de la profesión al considerar a la enfermera como auxiliar del médico, una situación incompatible con la realidad actual del sistema sanitario. La vigencia de este marco normativo genera una evidente inseguridad jurídica y deja a las enfermeras y enfermeros en una situación de desprotección ante la asunción de nuevas responsabilidades y competencias profesionales, como las contempladas en la Guía de Intervención Enfermera en Procesos Agudos.
Para el Colegio de Enfermería de Alicante, la permanencia de esta normativa preconstitucional constituye una anomalía jurídica que resulta incompatible con el reconocimiento y la autonomía profesional que la Enfermería tiene plenamente consolidados en la práctica asistencial actual. Por ello, considera urgente impulsar su derogación definitiva (o actualización) para que no impida la adaptación profesional al actual modelo sanitario y respalde el papel que desempeñan las enfermeras dentro del sistema de salud.
Junto a esta necesaria seguridad jurídica, la organización colegial reivindica un mayor reconocimiento profesional para la Enfermería. Entre otras medidas, considera prioritario avanzar hacia la clasificación de las enfermeras en el grupo A1 de la función pública, un paso que permitiría adecuar el reconocimiento profesional, retributivo y competencial de la profesión a su nivel de formación y responsabilidad.
Por todo ello, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha comunicado la impugnación del Decreto de Atención Primaria, con el objetivo de corregir aquellas disposiciones que puedan generar inseguridad jurídica o que no garanticen adecuadamente el reconocimiento y la protección profesional que requiere el colectivo enfermero.
