Una reunión más, y ya ni recordamos cuántas van. De nuevo hemos tenido que sentarnos con la Administración, esta vez con una compañera que trasladará, sin ninguna duda, nuestra protesta para reclamar lo mismo de siempre: la derogación de lo estipulado en el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, aprobado en 1973, que regula todavía hoy las funciones atribuidas a las enfermeras.
Una norma redactada dos años antes de la Constitución Española, en pleno régimen franquista, que consideraba a la Enfermería poco más que la prolongación mecánica del personal médico. Una reliquia normativa que, cinco décadas después, sigue marcando nuestras funciones como si el sistema sanitario y la profesión no hubiesen evolucionado.
En ese texto, las enfermeras quedamos definidas como meras ayudantes, sin capacidad de decisión ni reconocimiento de la autonomía profesional que ya ejercemos en la práctica y que está respaldada por la formación universitaria, las especialidades, la evidencia científica y el propio marco europeo. El resultado es un desajuste intolerable: un sistema sanitario del siglo XXI funcionando todavía con una base legal del siglo pasado que nos relega injustamente.
Una deuda pendiente desde hace demasiado tiempo
En 2017, la Comisión de Sanidad de Les Corts Valencianes aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) para modificar de raíz esta situación. Fue un acuerdo político claro, sin fisuras. Sin embargo, ocho años después, la realidad es que nada ha cambiado. ¿De qué sirve que se reconozca la necesidad en sede parlamentaria si la voluntad política se evapora a la hora de ejecutar?
Y no es un caso aislado. En nuestra comunidad autónoma las normas se atascan en los despachos con demasiada frecuencia, pero llama poderosamente la atención que este bloqueo afecte siempre de lleno a la profesión enfermera. Un ejemplo flagrante: las guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras. En la Comunidad Valenciana, tras años de espera, solo se han desarrollado protocolos para heridas y quemaduras. Del resto, nada. Silencio administrativo.
Da igual el signo político del gobierno: la inacción se mantiene intacta. Y, mientras tanto, la Enfermería continúa atrapada en un marco legal obsoleto que ni refleja nuestra realidad ni protege a los profesionales.
Esta situación no es solo un anacronismo administrativo. Es también una fuente permanente de inseguridad jurídica. Al amparo de esa norma de 1973, las enfermeras quedamos reducidas al papel de “auxiliares del médico”, sin un reconocimiento explícito de nuestras competencias propias. El vacío legal se convierte así en un terreno fértil para conflictos laborales, limitaciones en el desarrollo profesional y barreras en la atención a los pacientes.
Resulta inconcebible que un sistema sanitario que presume de modernidad y equidad sostenga todavía esta ficción normativa. El desfase es tan evidente que hasta en tribunales puede llegar a cuestionarse la validez de determinadas actuaciones enfermeras, pese a estar plenamente justificadas por la práctica clínica y la legislación posterior. ¿Qué otra profesión sanitaria aceptaría seguir rigiéndose por una norma previa a la Constitución? Ninguna.
Lo dijimos y lo volvemos a decir: esta es una deuda política con la Enfermería. No se trata de un favor ni de una concesión, sino de una cuestión de justicia, de coherencia y de respeto a la realidad profesional. La sociedad ya sabe que las enfermeras somos mucho más que ayudantes; el sistema no se sostiene sin nosotras. Sin embargo, las leyes siguen sin reconocerlo.
No sabemos, aunque lo intuimos, qué intereses bloquean esta reforma tan sencilla como necesaria. Pero sí sabemos lo que genera: un colectivo profesional con más de 300.000 profesionales en España sumido en la frustración y la impotencia de ver cómo su marco legal sigue anclado en la prehistoria sanitaria.
Por todo ello, una vez más, exigimos que se cumpla, sin más dilaciones, lo aprobado en la Proposición No de Ley de 2017 y se actualicen de una vez por todas las funciones reconocidas a las enfermeras en la normativa vigente. Lo contrario es perpetuar un sinsentido, una injusticia y un agravio hacia la profesión que más contacto tiene con los pacientes en el sistema sanitario.
Cada día que pasa con esta norma obsoleta en vigor es un recordatorio de que las enfermeras seguimos siendo víctimas de una legislación que nunca debió sobrevivir a la transición democrática. La paciencia está agotada. Hace tiempo que las palabras se deberían haber convertido en hechos.
Juan José Tirado
Presidente del CECOVA
